Tras décadas desaconsejando la intervención gubernamental en la economía, el Banco Mundial (BM) acaba de publicar un informe de 276 páginas en el que apoya la idea de que la política industrial debe formar parte «del conjunto de herramientas de política nacional de todos los países». Se trata de un giro significativo para una institución que ha instado a los países en desarrollo a adoptar la disciplina fiscal, el libre comercio y la liberalización de los mercados como receta para el crecimiento. Esto sugiere que el rumbo económico ortodoxo aplicado en países como la Argentina están condenados al fracaso, o por lo menos, no están en el libro de jugadas del BM.
Este cambio de paradigma no es el resultado de sesudos análisis sobre algo que ya era evidente para muchas corrientes de pensamiento económico – la cepalina, entre ellas – que sostenían que las condiciones de los países periféricos frente a los centrales no eran favorables y que el desarrollo no era posible sin un fuerte apoyo del Estado, tal el caso de los países asiáticos, especialmente malversado en el análisis del BM de 1993. El nuevo informe, incluso, hace referencia explícita a ese antiguo documento, admitiendo que estigmatizó erróneamente la política industrial.
El cambio de rumbo se da luego de que los accionistas más poderosos del BM, Estados Unidos y los países de la Unión Europea, se volcaron a practicar de forma abierta y agresiva una política industrial. En pocas palabras: Durante el imperio del neoliberalismo el BM impidió que los países en desarrollo hicieran lo que los países ricos siempre habían hecho para ser industrializados.
En los últimos años el presidente Joe Biden desplegó una cascada de subsidios industriales – sobre todo en semiconductores y reconversión energética – y Donald Trump agregó aranceles proteccionistas y adquisición de acciones en empresas líderes por parte del estado, con lo cual, con esta práctica dieron por tierra con la prédica que durante décadas el BM – y el FMI – derramó sobre todo a los países en desarrollo y cuyo cumplimineto a rajatabla fue condición para recibir financiamiento de los mismos.
El informe comienza reconociendo que los 183 países estudiados impulsan al menos un tipo de industria. Pero deja de discutir si la política industrial es legítima y, en su lugar, intenta diagnosticar qué herramientas pueden utilizar los gobiernos sin causar más daño que beneficio. Al clasificar 15 instrumentos de política diferentes en un espectro que va de lo simple y de bajo riesgo a lo complejo y exigente, el informe advierte repetidamente a los gobiernos contra los instrumentos contundentes que son políticamente fáciles, pero económicamente costosos.
El economista jefe del BM, Indermit Gill, relativizó este giro copernicano. La política industrial, argumentó, debería ser “específica y temporal”, una excepción a un modelo impulsado por el mercado, en lugar de una herramienta para impulsar transformaciones económicas más amplias. El informe admite que la política industrial es más replicable en distintos contextos económicos e institucionales de lo que aceptaba el consenso anterior, con un conjunto de herramientas que va más allá de los aranceles y las subvenciones.
El caso del Banco Mundial no es aislado. Los economistas del FMI han documentado de manera similar cómo la austeridad y la liberalización no dan los resultados esperados. Sin embargo, estos hallazgos aún no se han traducido de forma consistente en nuevas prácticas operativas, sólo en «consejos», como en el caso argentino de «no descuidar los costos sociales del ajuste».
Tanto el FMI como el BM se encuentran en el centro de un orden internacional cuyas recomendaciones sobre el impago aún reflejan una economía sin respaldo empírico. Sus modelos, mediciones y prescripciones influyen en cómo se llevan a cabo el desarrollo y la política macroeconómica en todo el mundo. Contribuyen a determinar quién tiene acceso a la liquidez y en qué condiciones; qué deuda se considera sostenible; qué inversión pública se percibe como creíble; y qué autonomía política se ve limitada. O qué país y bajo qué circunstancias se puede contraer deuda más allá de cualquier aspecto técnico y normativo de la propia institución, como el caso de los salvatajes a la Argentina sólo cuando es gobernada por líderes no populistas.
Los países ricos que financian y controlan estas instituciones no están exentos de las consecuencias de la misma economía que sostuvieron hasta hace poco. Durante décadas, los mismos supuestos erróneos moldearon las políticas en Europa y Estados Unidos, frenando la inversión pública, debilitando la calidad y accesibilidad de los servicios públicos, considerando los salarios como costos en lugar de sostén de la demanda agregada, relocalizando fábricas en Asia y dejando a los hogares expuestos a las crisis desatadas en/por los mercados irrestrictos.
Ese deterioro económico de la ciudadanía – llamada en EE.UU. crisis de asequibilidad – tiene un correlato político canalizado por la derecha en discursos de odio hacia la globalizaci{on (que se llevó tu industria) a los inmigrantes (que se roban tu trabajo) y hacia las importaciones – por ejemplo, de automóviles chinos – (que destruyen el ya dañado tejido productivo local) tomando la forma de guerra comercial mundial entre países centrales.
Así que en los estertores de las instituciones creadas en la posguerra, el BM, tal vez en uno de sus últimos actos reconoce, sin sonrojarse – bueno, los bancos no se sonrojan al fin y al cabo – haber estado equivocado en los últimos 30 años.
Politólogo UBA, Master FLACSO, pelotari Centro Navarro.
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