La Cámara Nacional de Casación causó la reacción
desaforada de funcionarios del gobierno – y del propio Milei – al anular la
sentencia a dos años de prisión en suspenso por «exceso en el cumplimiento
del deber» del ex policía vecinal de Avellaneda, Luis Chocobar y ordenar
se haga un nuevo juicio ante la inconsistencia de posturas diferentes de los
jueces que dictaron la sentencia en primera instancia.

En su fallo los camaristas indican que discutieron la
posibilidad de una absolución, como lo había pedido su abogado defensor – hoy segundo
de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad – Fernando Soto, y la
desestimaron al sostener que el caso requiere de un debate realizado ante un
tribunal oral.

El fallo no toca el fondo de la cuestión ni determina la
responsabilidad de Chocobar, ni tampoco el posible dolo a la hora de disparar
por la espada contra Juan Pablo Kukoc, que huía después de asaltar y apuñalar
al turista estadounidense Frank Wolek – hoy a salvo – en el barrio de La Boca.

Esto ocurrió en 2017 cuando Bullrich también era ministra de
Seguridad, y el hecho la llevó a crear entonces la «doctrina
Chocobar», según la cual los actos de los policías no serían punibles,
dado que “están del lado de las víctimas”. Apenas se conoció el fallo de
Casación, la red X reflejó la alegría de Pato, porque según entiende avala
«la doctrina del buen policía».

Luego, Soto se despachó con: «Notición», y agregó:
«La Sala II de la Casación Nacional anuló el juicio oral que le hicieron a
Chocobar. Manda a hacer un nuevo juicio». Y luego el presidente – que desde
la conferencia de Milken en Los Ángeles posteó: «Los uniformados son los
buenos y los delincuentes son los malos. Aquí se termina con la doctrina
Zaffaroni».

La publicación de la ministra se da en medio del inicio de
la discusión en el Poder Legislativo de la baja de imputabilidad para menores –
12 años quiere Pato – y una reforma del Código Penal que entre otras cosas
plantea la ampliación de la legítima defensa para las fuerzas de seguridad.

Es interesante ver como los defensores de “la República”
consideran siempre los fallos a la luz de sus propios prismas ideológicos. La
llamada “Doctrina Zaffaroni” es la sencilla aplicación de las garantías
constitucionales. No se puede juzgar a
priori el resultado de un acto simplemente porque lo haya ejecutado un
agente del orden.

La derecha considera que dichas garantías colocan a la
justicia “del lado del delincuente” en vez de favorecer a los que están “del
lado de las víctimas”. En el caso Chocobar, un policía joven, con escasa
instrucción y probablemente pocas luces, lo que resulta evidente es que al
ejecutar al ladrón “se puso del lado de la víctima” y eso es todo lo que
interesa.

La emoción violenta que despiertan los hechos de inseguridad
son utilizados, tanto como cualquiera de todos los miedos que acechan en una
sociedad, como un arma política para construir el famoso “sentido común” según
el cual hay que estar con Chocobar – si uno es bueno – porque sólo los malos
están a favor de los malos como Kukoc. Y no se trata de estar a favor de uno u
otro, en una sociedad racional y democrática, se trata de que la justicia debe
investigar la responsabilidad de los actos de las personas involucradas en
hechos violentos. Tampoco se trata de juzgar a Chocobar simplemente porque es
policía, por lo tanto, un violento de gatillo fácil. Aquí también campea la
grieta, o es en donde más se nota.

La vida de Kukoc no importa a la luz de la ola de
indignación que provoca su accionar violento. Lo mejor es exterminarlo, como a
los revoltosos, los piqueteros, los sindicalistas, los militantes, todos
aquellos que atenten contra “las personas de bien”, otra figura del “sentido
común” creada para no pensar en profundidad lo que ocurre.