Svalbard

En el ártico, al noroeste de Groenlandia (Tierra verde) está el archipiélago de Svalbard (Borde frío), una región que hasta el descongelamiento del Ártico y la llegada de Donald Trump no tenía mucha relevancia. El primero es un fenómeno producido por el cambio climático que ha convertido al Océano Ártico en un objetivo geopolítico entre las potencias; el segundo es la irrupción de un nuevo modo monárquico de gestionar las relaciones internacionales propuesto por el presidente condenado.

El Tratado de Svalbard, firmado en París el 9 de febrero de 1920, por Noruega, Dinamarca, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón – más tarde China, Rusia y 50 países más – reconoce la soberanía de Noruega sobre el archipiélago y sus aguas territoriales, a la vez que garantiza que las empresas de todos los Estados firmantes se beneficien en igualdad de derechos con el acceso a los recursos naturales de la región que es rica en carbón y en las ahora codiciadas tierras raras. El archipiélago – al igual que Groenlandia – es uno de los mejores lugares del planeta para descargar datos satelitales y monitorear trayectorias de misiles. De hecho, la estación de descarga satelital más grande del mundo, SvalSat, está ubicada allí. Su carácter de santuario ha merecido ser destinataria de la Bóveda Mundial de Semillas que alberga una inmensa variedad puesta a resguardo en caso de una catástrofe planetaria.

El Tratado prohíbe el uso de las islas con propósitos bélicos. Durante décadas, científicos de todo el mundo acudieron a la estación internacional de investigación de Svalbard. Estudiantes chinos confraternizan con compañeros europeos y junto con noruegos y rusos daban calor humano al helado paisaje.

Pero hoy, Noruega se está comportando como la administración Trump. Ha bloqueado la venta de tierras a compradores extranjeros, está reforzando su control sobre los investigadores extranjeros y reclamando el lecho marino a lo largo de cientos de kilómetros. Esta campaña desde Oslo está destruyendo años de respeto internacional y afectando gravemente las vidas de científicos chinos, mineros de carbón rusos, ricos propietarios noruegos e inmigrantes de larga data. Casi todos temen por lo que pueda suceder en el futuro.

Noruega argumenta que se encuentra ahora en la situación de seguridad nacional más grave desde 1945 y no le queda otra opción que salvaguardar su rincón del Ártico o arriesgarse a que Svalbard se convierta en territorio de potencias hostiles – léase China o Rusia. Por cierto, Rusia es la potencia que más dominio geográfico ejerce sobre el Ártico.

La capital, Longyearbyen cuenta con restaurantes y hoteles de lujo, vuelos diarios al continente y 2500 habitantes estables procedentes de 50 países diferentes. Una curiosidad: debido al frío extremo está prohibido enterrar a los fallecidos y los partos tampoco se realizan en la isla, por lo que está «prohibido nacer y morir en Svalbard».

Casi todo el mundo ha entendido, durante un siglo, que el Tratado de Svalbard otorga a los signatarios derechos no solo sobre el archipiélago, sino también sobre los mares y el lecho marino que lo rodea.

El Partido Laborista (Arbeiderpartiet) que gobierna Noruega, anunció a través del primer Ministro, Jonas Gahr Støre, que su país emprendería la exploración de los yacimientos del lecho marino bajo su soberanía, incluyendo las aguas que rodean Svalbard. El anuncio, uno de los primeros de cualquier nación firmante del Tratado, generó alarma. En Noruega, grupos ambientalistas y partidos de izquierda se opusieron a la idea, argumentando que amenazaría la frágil vida marina.

Fuera de Noruega, la medida fue vista como una apropiación que excedía los límites del Tratado. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en una sesión informativa denunció la medida como ilegal. Islandia, habitualmente un aliado confiable de Noruega, coincidió con los rusos. La Unión Europea también intervino enviando una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega en la que calificó la postura de ese país sobre las aguas de Svalbard de «incoherente».

En diciembre pasado, alegando sus preocupaciones ambientales, los partidos de izquierda en Oslo se negaron a respaldar el presupuesto nacional a menos que el plan minero fuera suspendido. En el brete, el Primer Ministro acordó esperar cuatro años antes de emitir licencias de minería para tal fin.

Como parte de esta policrisis que estamos viviendo no suena descabellada la conducta de Noruega en este caso. Lo que tal vez no tengan en cuenta sus autoridades es que hasta el mismo Tratado en el que basa su soberanía a medias sobre ese archipiélago sea sólo letra muerta para el nuevo orden mundial basado en las voluntades de los soberanos como Trump, Xi, Putin o Modi. Según esta reedición de la restauración monárquica se impondrá quien tenga la fuerza suficiente para hacerlo. Y en ese caso no parece ser Noruega un jugador capaz de fijar condiciones.